Agilizar la justicia, objetivo de las enmiendas de Concòrdia en el ámbito penal y penitenciario

Reforzar la seguridad jurídica y garantizar la coherencia del sistema penitenciario y penal es el objetivo principal de las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario de Concòrdia al Proyecto de ley calificada de modificación de diversas normas en el ámbito penitenciario y penal. 

La iniciativa llega en un momento en el que la justicia andorrana sufre retrasos significativos que afectan la resolución de todos los procesos.

Procedimientos más ágiles sin reducir derechos

Según el informe del Consejo Superior de la Justicia, las enmiendas proponen mejoras técnicas en los procedimientos para hacerlos más ágiles sin menoscabar los derechos de las partes implicadas. 

Entre ellas, destaca la supresión de la obligación del instructor de justificar inmediatamente la denegación de pruebas, ya que esta decisión solo puede impugnarse al final del proceso. Esto permite evitar dilatar innecesariamente los trámites y agilizar la resolución de los casos sin perjudicar la defensa.

Asistencia médica más garantista

En materia sanitaria, Concòrdia propone una regulación más garantista de la asistencia médica obligatoria en los centros penitenciarios, de acuerdo con la Ley de derechos y deberes de los usuarios y profesionales del sistema sanitario sobre la historia clínica. 

El tratamiento médico impuesto contra la voluntad del interno solo será posible cuando no se pueda conocer su voluntad o exista un riesgo para la vida, la salud o la seguridad de terceros. La propuesta llega tras informes externos que alertan sobre casos de sobremedicación, descritos como “arrestos farmacológicos”.

En cuanto al modelo penal, Concòrdia defiende la preservación de medidas que favorezcan la reinserción, como la pena de arresto, que puede aplicarse en casos de hurto, conducción bajo efectos de drogas o negativa a someterse a pruebas de control de tóxicos o alcoholemia requeridas por la autoridad.

Finalmente, el grupo parlamentario propone eliminar el artículo que obligaba a continuar los procedimientos disciplinarios en curso con la normativa anterior. Esto garantiza que los internos puedan beneficiarse de la nueva ley cuando esta resulte más favorable, en coherencia con el principio general del derecho penal.