Los propietarios que excedan los precios del Govern serán sancionados con el pago de la anualidad reclamada al inquilino
Marsol ha destacado que la ley prevé un sistema de control riguroso a través del SICAR
La ministra de Economía, Presidencia y Vivienda, Conxita Marsol, ha explicado este miércoles las sanciones que plantea el proyecto de ley de desintervención de los alquileres en Andorra, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Ministres.
La normativa, que se espera aprobar antes de junio, busca equilibrar el mercado de alquileres tras años de regulación y garantizar la seguridad de los inquilinos sin desincentivar a los propietarios.
Marsol ha indicado que existen distintos niveles de sanción, dependiendo de la gravedad de la infracción. En los casos menos graves, los propietarios que hayan incrementado excesivamente el alquiler podrían enfrentarse a una multa equivalente a hasta el 50% de la anualidad del nuevo contrato. Además de la obligación de ajustar el precio del alquiler al valor fijado por la ley.
Marsol detalla les sancions del nou projecte de llei per la desintervenció del mercat de lloguer d’Andorra pic.twitter.com/XCMF8gMQAt
— La Veu Lliure (@laveulliure) March 11, 2026
Esto significa que, aunque la sanción no llegue al total de la renta, los propietarios deberán corregir la situación y adaptar sus contratos a la normativa vigente.
Transición progresiva hacia un mercado de alquiler equilibrado
En los supuestos más graves, la sanción podría alcanzar incluso el 100% de la anualidad, obligando al propietario no solo a devolver lo cobrado en exceso, sino también a regularizar completamente el precio de acuerdo con las nuevas reglas.
La ministra ha insistido en que, además de establecer sanciones económicas, la ley prevé un sistema de control y seguimiento riguroso a través del SICAR, lo que garantiza transparencia y trazabilidad en la aplicación de la normativa.
Con este mecanismo, el Gobierno podrá supervisar de manera efectiva que los alquileres se ajusten a los límites establecidos y que las sanciones se apliquen de forma justa y uniforme.
Control y seguimiento a través del sistema SICAR
El proyecto de ley también plantea un enfoque progresivo para la transición hacia un mercado más equilibrado. La desintervención de los alquileres no será inmediata: se prevé un retorno progresivo al régimen general en un plazo de cuatro años, con una liberación gradual de los contratos antiguos entre 2027 y 2030, lo que permitirá que los incrementos de precio se produzcan de manera equitativa y previsible.
La intención es que tanto los inquilinos que renueven sus contratos como los nuevos ocupantes puedan tener certeza sobre las subidas de renta, evitando sorpresas que puedan comprometer la estabilidad económica de los hogares.
Marsol ha destacado que este proyecto se ha elaborado tras un proceso de consulta exhaustivo con propietarios, inquilinos, asociaciones y el Consell Econòmic, buscando siempre un equilibrio entre los intereses de los diferentes actores implicados.
La ministra ha recalcado que la medida pretende proteger el interés general, garantizar la seguridad de los inquilinos y al mismo tiempo ofrecer a los propietarios una transición ordenada y clara hacia el nuevo marco normativo, contribuyendo así a un mercado de alquiler más estable y previsible en Andorra.
