Los propietarios muestran “disgusto majúsculo” ante la ley de descongelación de alquileres en Andorra
El sector de propietarios de Andorra critica los límites de incrementos vinculados al IPC
El sector de propietarios de viviendas en Andorra ha expresado su malestar ante las limitaciones previstas en el proyecto de ley de descongelación de alquileres, que vinculan los incrementos al IPC. La medida empezará a aplicarse a partir de junio, cuando los inquilinos reciban las cartas con las nuevas condiciones contractuales.
El presidente de la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles (APBI), Jordi Marticella, declaró a RTVA que los propietarios se enteraron de la decisión a través de los medios de comunicación:
“Nos hemos enterado por la prensa y el disgusto es majúsculo, porque volvemos a estar otra vez enfrentando propietarios y arrendatarios”, afirmó Marticella.
Propietarios reclaman mayor implicación del Estado
Desde la APBI consideran que el mercado de la vivienda debería funcionar como un ecosistema equilibrado, donde todas las partes puedan convivir sin tensiones. Marticella señaló que si se deben proteger a determinados colectivos con dificultades para asumir los incrementos del alquiler, debería ser el Estado quien asuma esa responsabilidad:
“Si se han de tomar medidas para proteger a personas que tengan dificultades para hacer frente a estos incrementos previsibles, que sea el Estado de Andorra quien lo asuma”, remarcó.
El sector advierte que las limitaciones en los incrementos de alquiler reducirán el margen de beneficio de los propietarios y generarán incertidumbre sobre la evolución del mercado inmobiliario.
Impacto de la descongelación de los alquileres
El proyecto de ley contempla una actualización progresiva de los contratos, especialmente en viviendas cuyos precios actuales están muy por debajo del mercado.
Los pisos con alquileres inferiores a 6 euros por metro cuadrado podrían experimentar los incrementos más significativos en los próximos años. Por ejemplo, un piso de 100 m² con alquiler actual de 600 euros mensuales podría alcanzar unos 900 euros, lo que supone una diferencia de 250 euros al mes.
En viviendas con alquileres entre 700 y 900 euros, los incrementos también serían notables, aunque porcentualmente menores.
Incluso los alquileres más altos se verán actualizados: pisos de 100 m² con precios entre 1.000 y 1.200 euros podrían aumentar entre 180 y 200 euros al mes.
La medida busca acercar los precios de los contratos antiguos a los valores de mercado, aunque genera preocupación entre los propietarios por la reducción de márgenes y la incertidumbre legal.