La reforma de las pensiones queda estancada en una docena de puntos clave y apunta a un acuerdo mínimo
Uno de los puntos de desacuerdo más destacados es la edad de jubilación
Fuentes de la comisión encargada de analizar la reforma de las pensiones han asegurado a La Veu Lliure que actualmente hay entre “10 y 12 puntos” del sistema susceptibles de ser modificados, en el marco de un debate aún abierto y sin consenso definitivo.
En este sentido, se ha encargado a un bufete de abogados del país la elaboración de un primer borrador técnico que permita concretar propuestas y analizar su impacto.
Divergencias sobre la edad de jubilación
Uno de los puntos de desacuerdo es la edad de jubilación. Mientras que Demòcrates per Andorra ha defendido incrementarla, otras formaciones como el Partit Socialdemòcrata y Concòrdia rechazan esta opción y apuestan por un modelo más flexible.
Estas fuerzas consideran que se deberían tener en cuenta factores como los años cotizados o el tipo de profesión, especialmente en trabajos físicos exigentes.
“No es lo mismo un ganadero que un trabajador de oficina”, apuntan, insistiendo en la necesidad de introducir criterios de proporcionalidad.
Desigualdad entre sector público y privado
Las fuentes también señalan la existencia de un “agravio comparativo importante” entre el sector público y el privado. Denuncian que algunos funcionarios pueden acceder a la jubilación en condiciones más favorables, mientras que trabajadores del sector privado, especialmente en oficios manuales, se ven obligados a prolongar su vida laboral hasta edades más avanzadas.
Esta diferencia es uno de los elementos que, según indican, habría que corregir en una futura reforma para garantizar un sistema más justo.
Debate sobre el modelo de capitalización
Otro de los puntos sobre la mesa es la posible introducción de un sistema complementario de capitalización, inspirado en modelos como el suizo. Este esquema, conocido como sistema de dos pilares, podría generar consenso si se plantea como una opción voluntaria.
Las fuentes apuntan que este modelo podría reforzar la sostenibilidad del sistema sin imponer cargas adicionales obligatorias a la población.
Por otra parte, Demòcrates per Andorra ha propuesto incrementar las cotizaciones empresariales, una medida que genera preocupación en otras formaciones por el impacto que podría tener sobre el poder adquisitivo y la actividad económica.
En este escenario, todo apunta a que cualquier acuerdo que se pueda alcanzar durante esta legislatura responderá al “mínimo común denominador” entre las diferentes fuerzas políticas, en un debate complejo que continúa abierto.
