Marsol pide prudencia y tiempo ante la polémica de los complementos a funcionarios jubilados
La polémica por los recursos sigue abierta mientras el Gobierno evita una posición definitiva
El debate sobre la exclusión de los funcionarios jubilados y prejubilados del pago único de productividad previsto en el Decreto 363/2025 continúa abierto.
Varios afectados han comenzado a presentar recursos administrativos ante el Govern, en un conflicto que enfrenta a la Administración con este colectivo, que considera injustificada su exclusión del complemento.
En paralelo, la Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha criticado con dureza la gestión del Ministerio de Función Pública, asegurando que se han desestimado las solicitudes de los jubilados mientras el propio departamento reconoce por escrito que la cuestión sigue en fase de análisis.
El sindicato califica la situación de “incoherente” y “jurídicamente insegura”, y considera que no debería haberse resuelto de forma negativa ningún expediente sin contar con un criterio jurídico definitivo previamente establecido.
La USdA recuerda además que el Gobierno había asumido compromisos de revisión sobre la situación de las jubilaciones correspondientes al periodo 2015-2023.
En este sentido, advierte de que las decisiones actuales están incrementando el malestar y la incertidumbre entre los afectados, al tiempo que defiende que no existe una justificación objetiva para excluirlos del pago compensatorio.
Marsol pide esperar a una explicación del ministerio competente
En este contexto, la ministra Conxita Marsol ha pedido prudencia y ha evitado posicionarse sobre el fondo del asunto hasta contar con una explicación completa por parte del ministerio responsable.
“Esperamos un poco que el ministro encargado de esta cuestión entre al por menor de por qué y de cómo”, ha señalado, insistiendo en la necesidad de aclarar los criterios aplicados antes de adoptar una postura definitiva.
A la espera de estas explicaciones, el conflicto sigue abierto tanto en el ámbito administrativo como sindical, mientras los afectados mantienen la vía de los recursos para intentar revertir la decisión del Gobierno.
