“El referéndum del acuerdo con la UE no se hará”: El notario Miñana descarta la consulta en esta legislatura

La idea de celebrar un referéndum sobre el acuerdo de asociación entre Andorra y la Unión Europea ha dejado de ser una posibilidad real. 

Así lo afirma de manera contundente el notario Joan Carles Rodríguez Miñana, quien sostiene que la consulta no se convocará ni en la actual legislatura ni, probablemente, en la siguiente.

“Lo he dicho muchas veces y cada vez lo tengo más claro: este referéndum no se hará. Ni ahora, ni en esta legislatura, ni probablemente en la siguiente”, afirma.

Un acuerdo cerrado desde abril de 2024

Según Rodríguez Miñana, el texto del acuerdo está completamente cerrado desde el 28 de abril de 2024 y no se ha modificado “ni una coma” de las más de 4.700 páginas que lo integran.

El documento original en inglés fue publicado en los canales oficiales de la Unión Europea y posteriormente traducido a las 23 lenguas oficiales. Sin embargo, en catalán solo están disponibles el acuerdo marco, algunos protocolos y anexos.

Traducciones al catalán paralizadas

“Hace meses que la traducción al catalán está parada, y no es casualidad”, asegura el notario. A su juicio, esta falta de avances evidencia que no existe interés real en convocar el referéndum.

En este contexto, considera que el debate sobre si el acuerdo es mixto o no mixto ha sido utilizado como una cortina de humo. “Es un debate interno de la UE que no tiene nada que ver con Andorra ni con el referéndum. El tiempo perdido en eso solo ha servido para evitar la consulta”, critica.

Rodríguez Miñana recuerda que el referéndum no es jurídicamente ni constitucionalmente vinculante, pero que para convocarlo “solo hace falta voluntad política”.

Esa voluntad, afirma, existía mientras las encuestas apuntaban a una victoria clara del sí, pero desapareció cuando el no empezó a ganar peso o cuando el resultado dejó de ser evidente. “A partir de ese momento, el referéndum desapareció del mapa”, sostiene.

El papel de San Marino y la entrada en vigor provisional

Mientras tanto, el Gobierno de Andorra trabaja para firmar el acuerdo junto a San Marino y la Unión Europea, en el marco de un tratado trilateral. En este tipo de acuerdos, las decisiones de una de las partes afectan directamente a las demás.

El notario advierte que, si San Marino ratifica el acuerdo y lo deposita ante la UE, este podría entrar en vigor provisionalmente también para Andorra, tal como prevé el artículo 112.2, salvo que el Principado se oponga de forma expresa.

“No puedo asegurar si el Gobierno lo permitirá o no, pero el mecanismo existe”, explica.

En el plano político interno, Rodríguez Miñana señala que existe una mayoría parlamentaria sólida para aprobar el acuerdo de forma provisional, integrada por Demòcrates per Andorra y Ciutadans Compromesos, con el apoyo de partidos satélite como Liberals d’Andorra o Acció.

“La ley ómnibus y la ley ómnibus 2 ya han demostrado que esta mayoría es prácticamente incombustible, aunque tendrá un coste electoral histórico”, advierte.

Críticas a la gestión política y comunicativa

El notario también se muestra muy crítico con la gestión política y comunicativa del proceso. Considera que el peso del dossier ha recaído casi exclusivamente en el secretario de Estado, una figura técnica y no política.

Mientras tanto, denuncia la escasa visibilidad de la ministra de Asuntos Exteriores y la falta de liderazgo público del jefe de Gobierno. 

“Si preguntas a cualquier andorrano qué ha dicho la ministra sobre el acuerdo, te dirá que prácticamente nada. Y eso no es bueno para el país”, lamenta.

Sobre el fondo del acuerdo, Rodríguez Miñana cree que el proceso se ha precipitado en su fase final. “Ocho años pueden parecer muchos, pero quizá no han sido suficientes. Otros acuerdos, como el Mercosur, han tardado veinte años”, compara.

Esta prisa, afirma, ha dejado aspectos clave sin cerrar, especialmente en materia de inversión extranjera comunitaria. “Que un país tan pequeño como Andorra no establezca salvaguardas es absolutamente inaudito. No poner límites a la inversión extranjera es una política suicida”, concluye.

Con la firma prevista para febrero y una posible aplicación en primavera, el debate sobre el acuerdo entra en su fase decisiva. Sin embargo, según Rodríguez Miñana, lo hará sin la voz directa de la ciudadanía en las urnas, una ausencia que podría tener consecuencias políticas y sociales de largo alcance.