Los propietarios destacan la seguridad jurídica de las medidas a la inversión extranjera de Andorra
Duró ha recordado que la asociación ya había hecho propuestas en esta línea desde 2021
Josep Duró, presidente de la Asociación de Propietarios de Tierras Andorranas (APTA), valoró este jueves el nuevo proyecto de ley sobre inversión extranjera y residencia pasiva en Andorra, aprobado recientemente por el Gobierno y que entrará a trámite parlamentario la próxima semana.
En declaraciones a La Veu Lliure, Duró recordó que la asociación ya había hecho propuestas en esta línea desde 2021-2022, y destacó la demora en su aplicación:
“Han hecho falta cuatro años para que se empiece a tener en cuenta una serie de indicaciones que nosotros, como asociación de propietarios, planteamos y escribimos ya anteriormente a diferentes ministros y autoridades, y sé que hasta ahora no se habían tomado medidas en este sentido”.
Confianza en la seguridad jurídica
Duró recordó que, en comparación con otros países como Suiza, donde las inversiones extranjeras pagan hasta el 30%, Andorra había establecido un tipo del 3%, y que estas medidas pretenden ordenar la inversión sin desestabilizar el mercado circundante.
“A nivel fiscal, el mercado aún tiene margen, pero debe hacerse en este sentido. También hemos defendido que una parte de los depósitos se quede cerca del Gobierno, para garantizar que cuando los inversores se marchen, el mercado se mantenga activo”.
El presidente de la APTA subrayó que el objetivo principal es ofrecer seguridad jurídica, permitiendo al Gobierno asegurar que el dinero de los inversores pueda participar en ámbitos sociales, culturales y deportivos:
“No podemos decir que estamos completamente satisfechos, pero viendo que al cabo de unos años se empiezan a tomar medidas que ya habíamos propuesto, es positivo para el Estado y para garantizar seguridad jurídica”.
Nuevas medidas
El proyecto de ley introduce varias medidas clave para reforzar el control sobre la inversión extranjera y garantizar la sostenibilidad económica y social del país. Entre ellas, se incrementa el impuesto sobre la inversión extranjera inmobiliaria, pasando del 3% al 6% para el primer inmueble y al 10% para las propiedades adicionales.
También se eleva la inversión mínima para obtener la residencia pasiva, que pasa de 600.000 a 800.000 euros, y se modifican las aportaciones a fondo perdido, fijando 30.000 euros no recuperables para trabajo por cuenta propia y residencia pasiva, con 6.000 euros adicionales por cada persona a cargo.
En cuanto al control migratorio, se introduce una nueva autorización temporal para contratación en origen, mientras que la regulación de actividades comerciales prevé la elaboración de un estudio para identificar sectores que podrían requerir una normativa más estricta.
El objetivo global de estas medidas es ordenar la inversión extranjera, consolidar la Ley Ómnibus y asegurar que las inversiones contribuyan a la sostenibilidad y el equilibrio del mercado inmobiliario y del país.
