El Govern duplica el impuesto a la inversión extranjera inmobiliaria y sube hasta 800.000 euros la residencia pasiva

El Proyecto de ley entrará a trámite parlamentario la próxima semana

SFGA/JAViladot
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per l’autor La Veu Lliure
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Publicat el dijous, 9 octubre 2025 - 21:40

 El Govern d'Andorra ha presentado este jueves un nuevo Proyecto de ley de continuidad y consolidación de las medidas para el crecimiento sostenible, con el objetivo de fortalecer el control sobre la inversión extranjera y reforzar la gestión migratoria del país. 

La iniciativa, encabezada por las ministras Conxita Marsol (Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda) y Ester Molné (Justicia e Interior), busca garantizar que el desarrollo económico y poblacional de Andorra sea “ordenado, sostenible y equilibrado en el tiempo”.

De 600.000 a 800.000 euros para la residencia pasiva

Una de las novedades más destacadas es el aumento del impuesto sobre la inversión extranjera inmobiliaria (IEI), que pasa del 3% al 6% para el primer inmueble y se eleva hasta el 10% para el resto de propiedades adquiridas por no residentes. Paralelamente, se incrementa de 600.000 a 800.000 euros la inversión mínima necesaria para obtener la residencia pasiva, reforzando así el filtro económico para acceder a este régimen.

Marsol ha subrayado que el objetivo no es “frenar la inversión extranjera, sino ordenarla”, y ha recordado que la medida busca preservar el equilibrio entre crecimiento económico y sostenibilidad social, en un momento de fuerte presión sobre el mercado inmobiliario y los recursos nacionales.

Extra de 6.000 euros por cada persona a cargo

El Proyecto de ley también introduce nuevas aportaciones a fondo perdido por parte de los solicitantes de residencia pasiva y de residencia y trabajo por cuenta propia. 

De los 50.000 euros actuales, 30.000 pasarán a ser aportaciones no recuperables a favor del Estado, y en el caso de los residentes pasivos, se añade una contribución extra de 6.000 euros por cada persona a cargo.

En cuanto a la gestión migratoria, el texto prevé la creación de una nueva tipología de autorización temporal por contratación en origen, que exigirá que los trabajadores temporales lleguen al Principado con todos los trámites finalizados y verificados. Esta medida, según Molné, permitirá mejorar el control de los flujos migratorios y evitar irregularidades.

Finalmente, el Gobierno se reserva la posibilidad de limitar determinadas actividades comerciales para garantizar un crecimiento urbanístico y demográfico sostenible, y elaborará un estudio específico para analizar qué sectores pueden requerir una regulación más estricta.

El Proyecto de ley entrará a trámite parlamentario la próxima semana y, según fuentes del ejecutivo, forma parte de la hoja de ruta para consolidar la Ley de Crecimiento Sostenible y el Derecho a la Vivienda, conocida como ley ómnibus.

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