Andorra endurece las condiciones económicas a la residencia pasiva
El nuevo proyecto de ley entrará a trámite parlamentario la próxima semana
El Govern d'Andorra ha presentado un nuevo Proyecto de Ley que refuerza las condiciones económicas para acceder a la residencia pasiva y regula aspectos clave de la inmigración y la inversión extranjera. Una de las medidas más polémicas es la aportación extra de 6.000 euros por cada persona a cargo para los solicitantes de residencia pasiva.
El texto legal también modifica las aportaciones a fondo perdido de los solicitantes de residencia y trabajo por cuenta propia. De los 50.000 euros actuales, 30.000 serán no recuperables a favor del Estado, reforzando así el filtro económico para quienes deseen establecerse en el Principado.
Control de los flujos migratorios
En cuanto a la gestión migratoria, la ley prevé la creación de una nueva autorización temporal por contratación en origen, que obligará a los trabajadores temporales a llegar a Andorra con todos los trámites completados y verificados. Según la ministra Ester Molné, esta medida permitirá mejorar el control de los flujos migratorios y evitar irregularidades.
El proyecto de ley también contempla que el Gobierno pueda limitar determinadas actividades comerciales para garantizar un crecimiento urbanístico y demográfico sostenible, además de elaborar un estudio específico para determinar qué sectores requieren una regulación más estricta.
El proyecto entrará a trámite parlamentario la próxima semana y forma parte de la hoja de ruta para consolidar la Ley de Crecimiento Sostenible y el Derecho a la Vivienda, conocida como ley ómnibus.
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