La dimisión de Punjabi llega meses después de su último intento de cobrar más
Punjabi ha enviado una carta al Consell para que nombre a un jefe en funciones, sin prever los procedimientos habituales
La ya exdirectora de la Agencia Andorrana de Protección de Datos (APDA), Resma Punjabi, anunció ayer su dimisión en una rueda de prensa de urgencia, visiblemente afectada, denunciando presiones políticas y miedo por su seguridad en el ejercicio del cargo.
Además, criticó que el país no dispone de un modelo claro de protección de datos, como sí tienen otros Estados europeos, y explicó que llevó algunos casos a Fiscalía para garantizar la legalidad.
La dimisión llega poco después de la publicación del informe de fiscalización 2023 del Tribunal de Cuentas, que detectó varias irregularidades:
Principio de universalidad: 740 € no se incluían en la liquidación del presupuesto.
Transferencias: Las corrientes (250.000 €) y las de capital (14.000 €) se ejecutaron al 100%.
Gastos de personal: de los 250.772,70 € presupuestados, solo se ejecutaron 150.384,24 € (60%).
Registro de nóminas: Todas las fases de gasto se registran en un solo acto, dificultando la gestión y el control.
Retribuciones indebidas: La directora y una inspectora cobraron 411 € en horas extraordinarias sin base legal, ya que sus cargos, como autoridades públicas, no contemplan pago por horas extras según la ley 29/2021. De hecho, Punjabi negó en agosto haber cobrado 4.000 euros en horas extra tal como señalaba el Tribunal de Cuentas. El informe concluye que las remuneraciones deben ajustarse estrictamente al presupuesto aprobado, sin pagos adicionales no justificados.
Según fuentes del Consell, Punjabi ha enviado una carta a la comisión para que el Consell nombre un jefe en funciones, sin prever los procedimientos habituales. También se alerta de que no ha dado ningún tipo de aviso, tal como está previsto en un cargo de designación política. Ahora, las explicaciones, según ella misma afirmó, “corresponden a quien ha decidido, quien ha actuado y quien lo ha avalado”.
Los grupos parlamentarios han expresado sorpresa y preocupación. La combinación de presuntas presiones políticas y las irregularidades detectadas deja el futuro de la APDA en el punto de mira, generando un debate urgente sobre la gestión y el modelo de protección de datos en el país.
