Andorra podría subir la edad de jubilación a los 67 por los que tengan menos de 20 cotizados
El Consell General perfila un acuerdo histórico que elevaría la jubilación a los 67 años, aumentaría las cotizaciones y redefiniría el modelo de sostenibilidad
El futuro del sistema de pensiones andorrano pende de un equilibrio tan delicado como necesario. Tras meses de intensos debates, la comisión parlamentaria encargada de la reforma ha logrado —por primera vez en años— perfilar un principio de acuerdo sobre tres pilares clave: la edad de jubilación, el porcentaje de cotización y el factor de conversión. Tres piezas que, juntas, podrían definir la viabilidad del sistema durante las próximas décadas.
Según ha avanzado RTVA, el consenso técnico parece más cerca que nunca. El nuevo modelo elevaría la edad legal de jubilación a los 67 años, pero solo afectaría a los trabajadores con menos de 20 años cotizados. Aquellos que ya superan esa cifra mantendrían el derecho a retirarse a los 65. Una reforma que intenta ser equitativa en el reparto del sacrificio: los más jóvenes cargarán con la adaptación de un sistema envejecido.
El segundo eje del pacto se centra en las cotizaciones. Aunque aún no se ha concretado el porcentaje exacto, la comisión contempla que el 70% del incremento recaiga sobre las empresas, y el 30% restante sobre los trabajadores. El objetivo es evitar un choque brusco con la economía real, aplicando una subida gradual y transitoria que no lastre la creación de empleo.
El tercer punto —quizá el más técnico y menos visible— aborda el llamado factor de conversión: el número de años de pensión que puede cubrir cada trabajador con sus cotizaciones acumuladas. Hoy, cada andorrano financia unos nueve años de jubilación, pero la esperanza de vida supera ampliamente esa cifra. El reto, pues, es ajustar el cálculo para repartir los fondos disponibles en un periodo más largo, evitando que el Estado tenga que asumir el déficit mediante deuda pública.
El espejo europeo: advertencias desde Concòrdia
En paralelo al debate interno, Cerni Escalé, líder de Concòrdia, ha advertido a La Veu Lliure sobre una amenaza silenciosa: el impacto del futuro Acuerdo de Asociación con la Unión Europea en el sistema de pensiones.
Según Escalé, el acuerdo permitirá que cualquier ciudadano andorrano que haya trabajado en un país miembro reciba su pensión desde ese Estado, pero el flujo inverso será mucho mayor: “Habrá más europeos cobrando pensiones de Andorra que andorranos beneficiados en el exterior”. El dirigente alertó de que esta automatización “facilitará reclamaciones de pensiones que hoy no se presentan”, lo que podría traducirse en millones de euros adicionales de gasto público.
“Es un gasto oculto que afectará a toda la ciudadanía”, subrayó Escalé, que acusa al Govern de “silencio cómplice” por no incluir este impacto en los cálculos oficiales de sostenibilidad del sistema.
Un modelo en la cuerda floja
En el otro extremo del tablero político, la presidenta de Andorra Endavant, Carine Montaner, ha vuelto a insistir en la urgencia de una reforma estructural profunda, señalando que el modelo actual “es insostenible” ante el aumento de la esperanza de vida y los cambios demográficos.
Durante su intervención en Avui Serà un Bon Dia (RTVA), Montaner defendió una fórmula mixta de reparto y capitalización, que permita a cada ciudadano “construir su propia jubilación” sin renunciar a la solidaridad intergeneracional. “Tenemos que alimentar el fondo y crear un sistema de capitalización para los jóvenes”, afirmó, en una declaración que anticipa una fractura ideológica en el debate parlamentario.
Un pacto con aroma a última oportunidad
La Andorra de 2025 se enfrenta, quizá por primera vez, a la evidencia de que su sistema de bienestar necesita una cirugía profunda. Entre el envejecimiento de la población, la dependencia del empleo privado y el desafío europeo, la reforma de las pensiones se ha convertido en algo más que un debate técnico: es una prueba de madurez política y de visión de país.
El consenso que hoy se perfila podría ser histórico… o efímero. Pero de su resultado dependerá algo más que la cifra de cotización o la edad de retiro: dependerá la confianza de toda una generación en que el futuro, en Andorra, aún puede pagarse a tiempo.
