El terreno público: ¿La clave para afrontar la crisis de la vivienda en Andorra?
Expertos y empresarios apuntan a una revolución en la gestión del suelo público para garantizar el acceso a la vivienda asequible
Los comuns podrían tener un arma clave para combatir la crisis de la vivienda en Andorra: la cesión de terreno público a promotoras privadas para construir viviendas a precio regulado. Según varios expertos consultados, se trata de lo que podría considerarse un “giro copernicano” en la política de vivienda, dado que más del 85% del suelo del país es público.
“Es el gran debate; evidentemente podría ser la solución al problema. Nos rompemos la cabeza con el terreno privado porque está casi todo explotado, pero el terreno público abre nuevas posibilidades”, aseguran los analistas, que añaden que, a nivel teórico, esta fórmula sería la más práctica, siempre que se acompañe de un estudio riguroso para detectar cuellos de botella, carencias y oportunidades.
La CEA lo solicita
Según datos de la Confederación Empresarial Andorrana (CEA), se necesitan unos 1.300 viviendas a precio asequible, lo que representaría aproximadamente un 5% del parque de alquiler actual. Para lograrlo, la CEA propone una colaboración público-privada, en la que la administración ceda los terrenos durante 30 a 50 años para que los privados puedan construir promociones con precios regulados y rentabilidad moderada, manteniendo la gestión posterior en manos privadas.
El presidente de la CEA, Gerard Cadena, defendió esta medida en su ponencia durante la 38ª Diada Andorrana en la 57ª Universitat Catalana d’Estiu en Prada de Conflent, destacando la necesidad de planificar la desintervención del mercado privado a medida que se disponga de este parque público. Cadena advirtió que retirar todas las medidas actuales de forma simultánea podría provocar un efecto rebote, y por ello es necesario aplicarlas gradualmente en las viviendas más antiguas o con rentas más desfasadas.
Además, los empresarios insisten en la necesidad de contar con información fiable sobre las rentas de alquiler del mercado, una tarea que depende de los comuns, así como en estudiar fórmulas para abaratar la construcción, como la industrialización, e incentivar la adquisición de la primera vivienda mediante exoneraciones fiscales, créditos blandos y avales bancarios.
La CEA también subraya la importancia de coordinar los planes de urbanismo parroquiales, estableciendo reservas de suelo para viviendas asequibles que se distribuyan según las necesidades territoriales, sostenibilidad y movilidad. Según sus cálculos, de las 1.325 viviendas necesarias, 393 deberían estar en Andorra la Vella, 259 en Escaldes-Engordany, 183 en Encamp, 179 en Sant Julià de Lòria, 148 en La Massana, 83 en Ordino y 80 en Canillo.
Finalmente, los expertos insisten en que son necesarios estudios de carga demográfica para asegurar que el país pueda absorber este incremento de viviendas sin comprometer la sostenibilidad de los servicios y la infraestructura.
