España retirará 53.000 viviendas turísticas con medidas que recuerdan a la Ley Ómnibus de Andorra
España intenta replicar lo que Andorra ha puesto en marcha para limitar la especulación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este lunes se revocarán y retirarán del Registro Único de Arrendamientos 53.000 viviendas que estaban destinadas a convertirse en alquileres vacacionales o turísticos, con el objetivo de que pasen a ser “alquileres constantes, permanentes para la gente joven y las familias del país”.
En un mitin celebrado en Málaga, Sánchez ha defendido que estas medidas forman parte de una “nueva política de vivienda”, frente a lo que ha calificado como “la aproximación neoliberal que ha imperado en los últimos cuarenta años de democracia”.
El presidente ha destacado que “eso es gobernar para la gente, que es lo que hace el PSOE cuando tiene el honor de liderar instituciones”.
Primera ley de vivienda en más de 40 años
El presidente ha recordado que el Gobierno ha aprobado, por primera vez en la historia de la democracia española, una ley de vivienda que otorga herramientas tanto a los propietarios como a las comunidades autónomas para intervenir en el mercado, reduciendo los precios del alquiler, fomentando la construcción de vivienda oficial y protegida, y garantizando el acceso de los jóvenes a un hogar asequible.
“Eso es lo que estamos haciendo”, ha subrayado Sánchez, apuntando a un modelo que prioriza la función social de la vivienda frente a la especulación y el turismo residencial.
Paralelismos con Andorra
La iniciativa española recuerda en ciertos aspectos la Ley Ómnibus de Andorra, aprobada en marzo de 2025 bajo el nombre oficial de Ley 5/2025 para el Crecimiento Sostenible y el Derecho a la Vivienda. Esta ley, cuyo objetivo principal es abordar la crisis habitacional del país, establece medidas similares de control y regulación del mercado:
Control de la inversión extranjera: limita la compra de propiedades por parte de no residentes.
Regulación de viviendas vacías: obliga a los propietarios a alquilar o ceder al gobierno los pisos desocupados.
Impacto fiscal: incrementa impuestos sobre las plusvalías inmobiliarias y ofrece incentivos fiscales para quienes alquilen a precios asequibles.
Regulación de alojamientos turísticos: suspende la concesión de nuevas licencias y restringe la renovación de las existentes para liberar viviendas al alquiler residencial.
Fomento del acceso a la vivienda: se implementan medidas para facilitar la compra del primer hogar, incluyendo beneficios fiscales para familias.
Según expertos, estas políticas buscan un equilibrio entre la sostenibilidad económica, la garantía del derecho a la vivienda y la protección del entorno urbano, combinando control estatal y participación de los sectores privados de manera estratégica.
Un giro en la política de vivienda
Con estas acciones, España intenta replicar parcialmente lo que Andorra ha puesto en marcha para limitar la especulación y priorizar el alquiler residencial sobre el turístico, liberando así pisos para quienes realmente necesitan acceso a un hogar.
La medida podría afectar tanto a propietarios que buscaban rentabilizar sus inmuebles mediante el alquiler vacacional como a los municipios, que deberán coordinarse con la administración central para gestionar el parque de viviendas.
Con esta política, el Ejecutivo pretende consolidar una intervención más activa del Estado en el mercado inmobiliario, en línea con lo que algunos expertos definen como “un giro social y regulador frente a décadas de liberalización del sector”.
