Una auditoría a Asuntos Sociales alerta que “estamos ante un proceso muy rápido de envejecimiento de la población andorrana”

El ministerio presenta los resultados de la auditoría y destaca la eficiencia de los servicios sociales

SFGA/CEsteve
SFGA/CEsteve

3 minutos de lectura Publicado el Lunes, 13 Octubre 2025 - 16:08 por el autor La Veu Lliure

La ministra de Asuntos Sociales, Trini Marín, ha comparecido este lunes para dar a conocer los resultados de la auditoría realizada por la empresa Antares, liderada por Joan Barrubés, sobre el funcionamiento del departamento.

Según explicó el experto, “la ley nos obliga a hacer una auditoría y eso es un buen punto de partida. Debemos ver qué aspectos debemos mejorar, igual que ocurre en el ámbito sanitario o educativo”.

La auditoría se desarrolló siguiendo el mismo esquema que en años anteriores, combinando un segundo bloque puramente de revisión y una evaluación de las recomendaciones previas, con el objetivo de medir el grado de cumplimiento y los avances realizados. Además, el ministerio solicitó una evaluación específica respecto a los menores, para asegurar que las políticas y servicios estén adaptados a las necesidades de los niños y adolescentes.

Incremento del presupuesto y cobertura social

Durante su intervención, Barrubés destacó que el presupuesto del ministerio ha aumentado en 6 millones de euros, con una parte significativa destinada a personas mayores y familias. Los casos de mayor complejidad, como los jóvenes, han visto incrementada la partida del 7,1% al 7,5%. Entre 2021 y 2024 se han creado 17 nuevas plazas, y actualmente el ministerio cuenta con 209 profesionales adscritos.

El auditor subrayó la solidez de los mecanismos de coordinación del sistema de servicios sociales, con organismos como Conava, Covass y la CAIA, así como las comisiones de coordinación entre diferentes entidades del Gobierno, que permiten un funcionamiento fluido y eficaz.

Tiempos de respuesta y calidad del servicio

En cuanto a los tiempos de respuesta, la auditoría indicó que son muy rápidos en casos de urgencia, mientras que las solicitudes no programadas tienen un tiempo de espera de unos tres meses, cifra que “podría mejorar ligeramente”. En el caso de los jóvenes, la normativa establece que solo pueden acceder a los servicios aquellos que tienen residencia en el momento de realizar la solicitud, tal como ocurre en el resto de Europa.

Respecto a las personas con discapacidad, el informe señaló que el sistema funciona correctamente, con tiempos de respuesta ágiles, mientras que en los servicios dirigidos a niños y jóvenes aún hay margen de mejora. En el conjunto de prestaciones sociales, en 2024 se tramitaron 18.627 expedientes individuales y 1.625 familiares, casi 20.000 en total, reflejando un crecimiento anual del 20% y la importancia de una atención continua y eficiente.

Un envejecimiento rápido

“Estamos ante un proceso muy rápido de envejecimiento de la población andorrana, un fenómeno que no es exclusivo del Principado, ya que en casi todos los países ocurre lo mismo. Durante los últimos diez años, las personas que alcanzaban los 65 años representaban aproximadamente la mitad de las que lo harán en los próximos diez años, lo que evidencia un aumento significativo de la población mayor y plantea importantes retos sociales y económicos para el país”, explica el experto.

Así, el informe confirma que, pese a los desafíos derivados del aumento de la demanda y la complejidad de los casos, el departamento de Asuntos Sociales mantiene un servicio efectivo y bien coordinado, con planes para reforzar la atención a menores y jóvenes en los próximos años.

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