Habitatge Digne dice que el límite de los avales para la primera vivienda excluye a las rentas bajas y medias

La Coordinadora Habitatge Digne ha expresado sus reservas ante el anuncio realizado recientemente por el jefe de Gobierno en relación con el nuevo programa de avales públicos para la compra de una primera vivienda.

Aunque reconoce la coherencia de la medida dentro de la estrategia del Ejecutivo y valora positivamente que se ponga el foco en la juventud, la entidad considera que las condiciones del programa y el contexto en que se presenta evidencian una política “insuficiente y contradictoria” en materia de vivienda.

Un plan con requisitos restrictivos

Según Habitatge Digne, el planteamiento inicial “parece coherente” en el marco de la Mesa de la Comisión Nacional de Vivienda, y podría ayudar a cierto número de familias a acceder a su primer inmueble.

Sin embargo, los requisitos establecidos despiertan recelos. Entre los puntos más polémicos, la entidad destaca la obligación de demostrar unos ingresos mensuales mínimos de 3.000 euros y la limitación del precio de las viviendas a un máximo de 450.000 euros.

Además, el programa establece que la cuota hipotecaria no podrá superar el 35% de los ingresos totales. Según la Coordinadora, este límite “deja fuera a buena parte de las familias con rentas medias y bajas”, que siguen siendo las más afectadas por la actual crisis residencial.

Desconfianza y advertencias sobre el contexto

Habitatge Digne considera que la medida puede ser percibida como “una muestra de cinismo enmascarada de buenas intenciones” en un momento en que el problema principal recae sobre el mercado del alquiler.

“Es un programa que no responde a la realidad cotidiana de la mayoría de inquilinos, que son los más afectados por la crisis”, han remarcado.

La organización también recuerda que, según las propias previsiones del Gobierno, la “desintervención quirúrgica” en el mercado del alquiler se ha anunciado a partir de 2026, siempre que no haya incrementos desmesurados.

Para Habitatge Digne, este planteamiento demuestra la falta de una estrategia clara y coherente a largo plazo: “Parece más un ejercicio de conciliación política que una apuesta decidida por garantizar el derecho a la vivienda”.

Legislación favorable a la función económica

En sus declaraciones a La Veu Lliure, la Coordinadora denuncia que el conjunto de la legislación reciente ha priorizado “la función económica de la vivienda y los intereses de quienes se benefician de ella” por encima de las necesidades de las clases populares andorranas.

En este sentido, consideran que el Ejecutivo busca ahora exhibir resultados en los últimos compases de legislatura, cuando el horizonte de 2027 ya se vislumbra y la tensión social podría aumentar.

Habitatge Digne advierte que la entrada en vigor de nuevas normativas, como la Ley del Registro de la Propiedad, el fin de las prórrogas de los contratos de alquiler y otras medidas anunciadas, podrían configurar un escenario “todavía más desfavorable” para la población que vive de alquiler.

“Hacer lo que se ha podido”

Finalmente, la entidad interpreta el programa de avales y otras iniciativas similares como una manera de preparar el relato político de cara al cierre de legislatura.

“Cuando la tensión aumente, tanto la Ley Ómnibus como estos intentos de incidir en la crisis serán presentados como la prueba de que el Ejecutivo ‘ha hecho lo que ha podido’”, lamenta Habitatge Digne.

Aun así, la Coordinadora insiste en que continuará reclamando medidas estructurales y efectivas para afrontar la crisis de vivienda, poniendo en el centro “las necesidades reales de la población y no las dinámicas especulativas que han marcado las políticas hasta ahora”.