El sistema Entry/Exit sacude a las empresas andorranas

El nuevo Reglamento europeo Entry/Exit System (EES), que entrará en vigor en España el 2 de febrero de 2026, ha generado una fuerte inquietud entre el tejido empresarial andorrano. La medida, que obligará a los trabajadores extracomunitarios a acreditar una situación regular dentro del espacio Schengen, podría afectar directamente a alrededor del 30% de los trabajadores temporales que actualmente trabajan en el país y que no cumplen estrictamente la normativa europea.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana una modificación del Reglamento del Servicio de Inmigración para adaptarse a la nueva realidad. A partir de ahora, los solicitantes de autorizaciones de inmigración que no sean nacionales de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo deberán demostrar que no han superado los 90 días de estancia autorizados dentro de cada período de 180 días en el espacio Schengen.

Esta adaptación llega después de que España haya notificado al Govern su intención de adelantar la fecha de aplicación del sistema EES —que la UE fija para el 9 de abril de 2026— para hacerla coincidir con principios de febrero, justo antes del final de la temporada de invierno.

Inquietud empresarial

El presidente de la Confederación Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, advirtió en RTVA que esta nueva normativa podría incrementar los costes empresariales y derivar en una subida generalizada de precios.

“Hasta ahora se podía mantener a los trabajadores con los salarios existentes. Si aumentan los gastos, habrá que aumentar también los resultados. Una empresa cuyos costes suben y entra en pérdidas debe subir también los precios de venta”, alertó Cadena.

La ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, reconoció que “hay empresas que ya buscan personal más cercano, que no tenga este problema de visados o de entradas”, una situación que podría transformar el mercado laboral temporal del país.

Contactos diplomáticos y negociaciones con Bruselas

El Govern ha iniciado gestiones diplomáticas con España y Francia para pedir una moratoria que permita aplicar el sistema una vez finalizada la temporada de esquí, con el fin de minimizar el impacto sobre los sectores turístico y de servicios. Según fuentes oficiales, España ha mostrado predisposición al diálogo, y una nueva reunión entre las partes está prevista en las próximas semanas.

Paralelamente, Andorra y Bruselas mantienen desde septiembre de 2024 negociaciones avanzadas para acordar un régimen específico de aplicación del Acuerdo de gestión de fronteras. El objetivo es mantener la operativa actual, con controles aleatorios y sin alteraciones significativas en los puntos fronterizos.